Los familiares de los damnificados de la residencia geriátrica que clausuraron por irregularidades y denuncias de maltrato a adultos mayores ubicada en 11 de setiembre 906, elaboraron una carta dirigida al fiscal Marcos Eguzquiza  para pedir “la detención y la prisión automática de la señorita Florencia Leiva”, dueña de dicho lugar.

“En este caso, le pedimos colaboración y apoyo ante nuestro pedido de reclamo, por el maltrato tanto físico, verbal y psicológico que esta señorita le causó a los adultos mayores que tenía a su cargo hasta el día viernes 25/9/2020 cuando los abuelos fueron rescatados/retirados de la residencia”, afirman. 

Al mismo tiempo, los allegados, explicaron: “Hacemos este pedido por varios motivos relacionados al caso, como, por ejemplo: falta de alimentación y desnutrición en varios de los abuelos; falta de higiene y capacitación a la hora de los cuidados esenciales; falta de insumos tanto de limpieza, como de higiene, y medicinales; falta de capacitación médica a la hora de algún inconveniente, entre otras. Lo cual contamos con pruebas suficientes para afirmar dicha acusación”.

Además, en la misiva, argumentan: “En cuanto al edilicio no contaba con las necesidades básicas, no contaba con calefacción ni agua caliente, y tampoco tenían el lugar en condiciones para ser un hogar de cuidados y atención de adultos mayores. Dicho lugar, tampoco contaba con una habilitación correspondiente”. 



En este sentido, Liliana Zappacosta, familiar de uno de los ex residentes del geriátrico, habló con PNT Diario Digital y aseguró que “retiramos a todos los abuelos del lugar y luego de la clausura comenzamos a recabar testimonios tanto sea de ex empleados como de los abuelos y concluimos en pedir la detención de la dueña.”

“Los abuelos piden que no les peguen o los maltraten. La situación no puede quedar en el vacío, por eso los familiares tendremos un abogado que nos represente y que se elaboren medidas claras para hacer Justicia”, afirmó

Zappacosta, expuso que “la dueña del lugar tiene 17 denuncias por malos tratos, hay ex empleadas que dialogaron con nosotros y nos contaron que ellos también eran maltratados. Por eso, pedimos que sigan realizando una investigación judicial”. 

“Desde el Municipio no recibimos ninguna convocatoria para decirnos que el lugar se encontraba con malas condiciones de higiene y seguridad”, concluyó Zappacosta.